miércoles, 5 de agosto de 2009

LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UCAB



LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UCAB ANTE EL
CIERRE DE LA DEMOCRACIA

El Consejo de Escuela de Comunicación Social de la Facultad de
Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, en
reunión extraordinaria y de emergencia, manifiesta su rechazo ante lo que
considera una arremetida oficial contra la libertad de expresión en
Venezuela, a través de acciones que afectan de forma directa a gran parte
de la población del país.
El cierre de 34 emisoras, como previo de un total de 240, anunciado por el
director de Conatel y ministro del Poder Popular para Obras Públicas y
Vivienda, en la noche del viernes 31 de julio, le resta oportunidades a la
ciudadanía de tener acceso a informaciones, de transmitir sus quejas, reclamos
e inquietudes, y de expresar su opinión de forma libre y crítica frente a la
actuación de las autoridades, en el medio de su preferencia.
Manifestamos nuestro repudio categórico a que los procedimientos
administrativos seguidos contra las emisoras clausuradas, se hayan ejecutado
sin respetar el derecho a la defensa y al debido proceso de los titulares de las
concesiones de tales medios de comunicación
El cierre intempestivo y masivo de emisoras de radio, luego de que las mismas
han venido funcionando y transmitiendo a lo largo del tiempo, con el
conocimiento y reconocimiento de la propia autoridad, hace presumir una
intención de ejercer una conducta de censura indirecta contra medios que se
han manifestado en desacuerdo con las posturas oficialistas. La excusa es la
aplicación de un procedimiento administrativo, lo que deja entrever una clara
desviación de poder como cortapisa de las libertades de expresión e
información, el pluralismo comunicacional y el libre flujo de información e ideas
en nuestra sociedad.
Este hecho revela una estrategia general de medidas administrativas, legales,
impositivas del gobierno nacional para criminalizar y coartar la libertad de
expresión, de manera tal que se produzca un silencio global a la crítica de la
gestión del gobierno. Con este entramado legal se deja desvalida a la
población venezolana ante la acción de las autoridades públicas, con lo que
queda abierta la posibilidad de que se avalen el abuso, la corrupción y la
ineficacia, y se le reste poder al pueblo en su función contralora de la gestión
gubernamental.
La Escuela de Comunicación Social de la UCAB ante el cierre de la Democracia 3/8/2009 Página 2
La experiencia reciente del país con respecto a la reasignación de concesiones
ha demostrado el contundente fracaso de la pretendida democratización del
espectro radioeléctrico, pues se sustituyen canales efectivos de comunicación
por otros que dejan mucho que desear por la falta de calidad técnica y por la
sustitución de contenidos propios por otros importados, lo cual ha sido
rechazado por los venezolanos con la baja sintonía.
Sorprende la propuesta de la Fiscal General de la República ante la Asamblea
Nacional de presentar un proyecto de ley contra los delitos mediáticos, que de
materializarse, acabaría con el ejercicio del periodismo, en tanto que penaliza
por acción y omisión. Es decir, implicaría una autocensura no sólo para los
dueños de medios y periodistas, sino para las fuentes generadoras de noticias,
incluyendo a la gente de las comunidades que no podría expresar los
problemas que le aquejan. Preocupa igualmente la criminalización constante
contra la libertad de expresión en el sentido de descalificar a los medios de
comunicación, a los periodistas, trabajadores y a las universidades que forman
profesionales del área.
El Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos no es sino un intento
político de darle un marco legal a la censura previa en el ejercicio del
periodismo en Venezuela, y peor aún, convierte en delito el pensamiento y su
expresión. En dicho anteproyecto se establecen delitos que tipifican conductas
ambiguas y generalistas, que pueden dar pie a cualquier interpretación a los
fines de justificar la aplicación de penas privativas de libertad. Como
catedráticos rechazamos la acuñación de este término, que no tiene ningún
fundamento teórico. Basado en una serie de ambigüedades, que les deja a la
discreción de un funcionario, lo que es o no una infracción de la ley, este
proyecto no sólo condena lo que se dice, sino lo que se deja de decir, lo que
representaría un instrumento perfecto para acallar la disidencia, limitar el
periodismo libre y crítico, y convertirlo en un vocero del gobierno.
La artillería legal avanza en este sentido con los proyectos de reforma de la Ley
del Ejercicio de Periodismo y de la de Educación, los proyectos de la Ley de
Inteligencia y Contrainteligencia, y de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
Informática y Servicios Postales, que responden más que a una pretendida
democratización de los medios de comunicación social, al establecimiento de
una “hegemonía comunicacional”, es decir, una dictadura mediática,
orquestada por el Poder Ejecutivo.
Evidentemente, existe la intención estratégica de desviar la atención de la
ciudadanía acerca de los graves problemas que afectan al país, relacionados
con la inseguridad, conflictividad laboral, alto costo de la vida, desempleo,
niveles de corrupción en los entes públicos, desabastecimiento agroalimentario,
carrera armamentista e intervencionismo internacional entre otros.
La Escuela de Comunicación Social de la UCAB ante el cierre de la Democracia 3/8/2009 Página 3
Adicionalmente, el referido anteproyecto de ley y otros vinculados con la
libertad de expresión e información, están repletos de conceptos jurídicos
imprecisos que no se encuentran previstos dentro de las restricciones y los
límites contemplados por la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
Lo que está en juego es la libertad de expresión e información como derechos
consagrados en los artículos 57 y 58 de la constitución venezolana, también
peligra la libertad de la audiencia para elegir la información y el momento
adecuado para acceder a ella. La libertad de expresión e información es un
derecho de doble vía que conlleva deberes por parte del Estado y de la
población. La Ley de Procesos Electorales no reconoce la existencia de las
minorías y con las leyes antes referidas la voz de estas minorías ni siquiera
tendrá espacio en los medios de comunicación social, desarticulando los
principios fundamentales del sistema democrático consagrado en la
constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con acciones como las descritas se cierra definitivamente el capítulo
democrático de Venezuela.
Caracas, 3 de agosto de 2009.
Tiziana Polesel
C.I. 5.971.305
Directora
Escuela de Comunicación Social
Universidad Católica Andrés Bello
Caracas

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GUILLERMO ROVIROSA

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