jueves, 17 de diciembre de 2009

Hasta 15 salarios mínimos podrán ganar los altos funcionarios públicos


Ningún funcionario público en el país podrá devengar más de 15 salarios mínimos, según lo establece la nueva Ley de Emolumentos para Altos Funcionarios Públicos, aprobada en segunda discusión ayer por la Asamblea Nacional, y que derogó al articulado vigente desde 1996.

Aunque el proyecto que entró a la cámara contemplaba un máximo de 12 salarios mínimos para el Presidente, el Comandante en Jefe de la Fanb, diputados, ministros, magistrados del TSJ, Fiscal General de la República, Contralor, Defensor Público, rector del CNE, Vicepresidente Ejecutivo, Procurador General, Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Presidente y directores del BCV, se modificó en el debate a 15 (lo que equivale a BsF 14.391), lo cual contempla reducciones salariales en los poderes Electoral, donde se estima que los rectores ganan más de BsF 15 mil; y en el Judicial en el cual los salarios superan los BsF 20 mil. Del resto sólo hubo cambios de forma.

La escala contempla 10 salarios mínimos (BsF 9.594) como límite para viceministros, superintendentes, presidentes de institutos autónomos, gobernadores, entre otros, y 8 (BsF 7.675) para legisladores, contralores, procuradores regionales y alcaldes.

La plenaria también aprobó en primera discusión las leyes de Poder Popular y la de Planificación Pública que se prevé sean sancionadas pronto.

El proyecto de Ley del Poder Popular define al estado comunal, indicó el diputado Darío Vivas, en su intervención ante la cámara. Plantea la corresponsabilidad entre gobiernos y organizaciones sociales, define la propiedad social como “el derecho del Estado de conservar medios y factores de producción o entidades destinadas a la satisfacción de las necesidades humanas esenciales para el desarrollo de una vida plena y la producción de obras, bienes o servicios”.

Subraya como principios de la propiedad social, entre otros, dotar a las organizaciones sociales de “medios y factores de producción que garanticen la satisfacción de las necesidades humanas”.

El proyecto de Ley de Planificación Pública, por su parte, da vida al Sistema Nacional de Planificación, integrado por el Ejecutivo, los siete órganos de planificación -como el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Planificación Comunal y el Consejo Comunal-, las autoridades del Poder Público, y de la ciudadanía organizada.

Paula Ramón
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GUILLERMO ROVIROSA

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