lunes, 1 de marzo de 2010

Ministerio Público solicitó extradición de CAP por sucesos de El Caracazo


En transmisión de Venezolana de Televisión, Alejandro Castillo, director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, ofreció declaraciones referentes a la petición de extradición de Carlos Andrés Pérez.

Castillo explicó que atendiendo los artículos 391 y 392 del COPP, se acaba de presentar el requerimiento de extradición del ex presidente Carlos Andrés Pérez Rodríguez y recordó que el 25 de febrero de 2005, fue acordada una orden de aprehensión contra el ex mandatario, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de continuidad, de acuerdo con el Código Penal. Dicha orden de aprehensión continúa vigente.

Explicó que la petición fue presentada ante el tribunal de control, que tiene un total de 30 días para tomar la decisión y luego proceder al tramite ante el gobierno norteamericano.

Pérez, quien vive en Estados Unidos desde hace unos diez años, tiene pendiente en el país dos juicios por enriquecimiento ilícito y por los violentos disturbios callejeros de 1989.

Castillo indicó que la Fiscalía General decidió formalizar la petición debido a que “ya desde el 28 de febrero del año 2005 el sistema de justicia venezolano tenía una orden judicial de privación de libertad en contra del ciudadano Carlos Andrés Pérez por la comisión del delito de homicidio intencional calificado”.

Al ser preguntado sobre si a pesar de la avanzada edad de Pérez procedía el juicio, el fiscal dijo que el Código Penal prevé que cualquier persona, sin distingo de edad, debe ser procesada, y “a lo sumo la pena que le sea impuesta deberá ser convertida a la pena de arresto por un máximo de hasta cuatro años”.

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, defendió la semana pasada el proceso contra el ex mandatario alegando que Pérez es “la única persona que puede aportar datos importantes para la investigación, en su condición de Jefe de Estado para la época”.

La acción del Ministerio Público se da dos días después que el presidente Hugo Chávez exigió en un acto público la prisión para los responsable de los asesinatos que ocurrieron durante los violentos sucesos de 1989.

“Cárcel para los responsables de El Caracazo. Qué el genocidio que se dio contra el pueblo no quede impune”, dijo Chávez el pasado sábado durante el acto de conmemoración de Caracazo que realizó el gobierno en el oeste de la capital.

El mandatario afirmó que el Caracazo fue “la chispa que encendió el motor de la Revolución Bolivariana”, y que motivó el fallido golpe militar que encabezó en febrero de 1992 contra el gobierno de Pérez.

Algunos de los familiares de las víctimas del 27 y 28 de febrero de 1989 objetaron los actos del gobierno alegando que no había nada que celebrar debido a que durante esos días murieron numerosas personas, cuyos cadáveres aún permanecen desaparecidos.

Pérez se encuentra resentido de salud debido a un accidente cerebrovascular que sufrió en octubre del 2003, según han informado miembros del partido local Acción Democrática donde el ex mandatario militó por varias décadas.

La Fiscalía imputó en julio del 2009 al general retirado Italo del Valle Aliegro, quien era el ministro de la Defensa para el momento en que ocurrió el “Caracazo”. Por ese caso están siendo procesados también otros funcionarios militares y policiales de esa época.

Ortega Díaz informó que esta semana el Ministerio Público presentará el “acto conclusivo” contra los imputados por el Caracazo.

Las autoridades iniciaron el año pasado una serie de exhumaciones de las personas que murieron en las protestas de 1989.

Vale recordar que por este caso están imputados los ex funcionarios de la administración de Pérez: el ex ministro de Defensa, Italo del Valle Alliegro; el general en situación de retiro, Manuel Heinz Azpúrua, ex jefe del Comando Estratégico de Caracas; el general de la Guardia Nacional (GN) en situación de retiro, Freddy Maya Cardona, ex jefe del Comando Regional N°5, y el ex director de la Policía Metropolitana, general retirado de la GN, José Rafael León Orsoni.

Dichos ex funcionarios fueron imputados por los delitos de homicidio calificado en grado de cómplices necesarios y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República.

Liliana Ortega, vicepresidenta del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 (Cofavic), denunció la semana pasada que “no se están haciendo bien” las investigaciones sobre el Caracazo debido a que las autoridades le han negado el acceso a los familiares de las víctimas a las exhumaciones.

Pérez fue destituido de su cargo en mayo de 1993 y procesado por corrupción.

Con información de “AP” y el Ministerio Público


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GUILLERMO ROVIROSA

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