lunes, 8 de noviembre de 2010

El derecho a la vivienda es el más vulnerado por el Gobierno


PROVEA ADVIERTE QUE EXPROPIACIONES NO SOLUCIONARÁN LA CRISIS
Leyes facilitan intervención estatal en el sector vivienda.

La propuesta de ley de preventa, que discute la Asamblea Nacional, faculta a las autoridades para ocupar inmuebles.

Luego de que el Gobierno tomó medidas contra 33 conjuntos residenciales privados en construcción ­expropió 6, ocupó 8 y multó 19­ el domingo pasado, la Asamblea Nacional anunció que acelerará la discusión de proyectos pendientes como la ley de preventa y la reforma de la Ley de Arrendamientos para atender el problema de la vivienda.

Pero los cambios propuestos hasta ahora en ambos instrumentos legales distan de ser un estímulo para la reactivación del sector, han advertido empresarios y especialistas. Por el contrario, pueden agudizar la caída experimentada desde 2008 al reafirmar las posibilidades del Ejecutivo de intervenir desarrollos en construcción e inmuebles en alquiler.

El proyecto de Ley de Preventa ­aprobado por el Parlamento en primera discusión en enero de 2010 y actualmente en manos de la Comisión de Administración y Servicios, que espera devolverlo a la plenaria la semana próxima­ refuerza la facultad del Gobierno para ocupar las obras residenciales cuya edificación esté paralizada.

“Los organismos competentes, en caso de interrupción de la obra contratada en preventa por incapacidad gerencial, técnica o financiera del productor de vivienda, podrán declarar intervenida la obra y ocupar su administración, desarrollo y culminación, para preservar los intereses de los compradores y del ente financista”, establece el artículo 20.

La acción oficial podrá ser requerida al Ministerio de Vivienda y Hábitat por los compradores que consideren que la constructora incumplió sus obligaciones.

“Podrán denunciar todo lo que tenga que ver con la violación de la presente ley, pudiendo, de considerarlo necesario, solicitar la intervención de las construcciones y obras”, estipula el artículo 19.

Luis Alfonso Herrera, profesor de Derecho Administrativo de la UCV, considera que el poder de intervención que otorga la ley de preventa es muy amplio: “El Estado podrá disponer tanto de los bienes en construcción como de las maquinarias que se usan para tal fin, sin trámite de expropiación ni otra figura legítima de adquisición de la propiedad”.

A su juicio, la normativa atenta contra el derecho al debido proceso y a la defensa, pues no ordena una investigación previa para determinar las causas del retraso en la construcción.

“Creo que se le puede hacer la misma crítica que a la reforma de la Ley de Contrataciones”, dijo.

Agregó que la legislación coloca toda la responsabilidad en el sector privado, cuando los permisos y buena parte de los materiales que necesitan los constructores dependen de organismos gubernamentales.

“¿Cómo se determinará si el retraso es culpa del empresario o del Estado como proveedor y regulador?”.

Juicios justos. Pero la facultad que otorga al Estado para intervenir obras en construcción no es, según Herrera, lo más grave de la ley de preventa. Después de todo, la Ley de Defensa a las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios ya permite ejecutar ese tipo de medidas.

Herrera afirmó que lo peor de la normativa es que suprime la libertad de contratación, al menos en materia de viviendas en construcción. “La mayor parte de los artículos se refieren a los términos del contrato de una manera bastante exhaustiva y reguladora. Básicamente no hay nada que quede sujeto a la posibilidad de negociación entre las partes”.

Agregó que en sectores como la vivienda se justifican regulaciones especiales para evitar abusos contra los más débiles desde el punto de vista jurídico, que en este caso son los compradores, pero considera que la legislación propuesta por el Gobierno decide por los ciudadanos. “La empresa ni siquiera puede establecer el monto de su ganancia”.

Algo similar sucede con la reforma de la Ley de Arrendamientos. Aunque el proyecto aprobado en primera discusión en 2007 se centra en hacer más justos los juicios inmobiliarios, al establecer audiencias orales con la presencia de los involucrados, los anuncios de funcionarios en los últimos meses apuntan a reducir el poder de decisión de las personas.

El presidente Hugo Chávez y diputados de la Asamblea Nacional han hablado de medidas como suspender los juicios inmobiliarios, prohibir los desalojos de inquilinos y forzar la venta de las viviendas alquiladas desde hace muchos años. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos denunció que eso atentaría contra el artículo 115 de la Constitución.

Roberto Orta, presidente de Apiur, expresó que la carta magna garantiza el derecho a disponer de la propiedad, algo que sería imposible para los dueños de viviendas arrendadas al eliminarse los mecanismos establecidos en la legislación para recuperar sus inmuebles cuando los necesiten.

ALEJANDRO HINDS


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GUILLERMO ROVIROSA

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