miércoles, 5 de diciembre de 2012

Rafael Uzcátegui / Carta a un candidato


Recientemente el Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), una organización popular que desde el año 2004 denuncia el abuso policial y militar, así como las omisiones del sistema de administración de justicia en la capital crepuscular, ha difundido una carta abierta al candidato a la gobernación Luis Reyes Reyes. Generalmente, las organizaciones de derechos humanos no tienen nada que opinar, a favor o en contra, de las candidaturas a cargo de elección popular, partidización que excede su propio mandado. Salvo, como parece ser este caso, que la candidatura esté representada por una persona vinculada a violaciones a los derechos humanos.
Como ha sido suficientemente documentado en el libro “Poder e impunidad”, en donde el Covicil sistematiza su experiencia y sus casos más emblemáticos, el antiguo gobernador del estado Lara durante el período 2000-2008 habría sido cómplice de la actuación de grupos parapoliciales en la región. Como demuestra la investigación y denuncia realizada por esta organización, durante esos años ocurrieron 8 masacres con un saldo de 39 víctimas, realizadas por un comando que según todos los testimonios pertenecía, o tenía vinculaciones por lo menos, con la policía del estado Lara.
La denuncia del Covicil nos recuerda que a pesar que los delitos contra los derechos humanos no prescriben, las diferentes ordenanzas que rigen el sistema electoral no prohíben que ciudadanos acusados de graves violaciones a los derechos humanos se postulen a cargos de elección popular. La situación de Lara no sería la única. A la gobernación del estado Guárico se encuentra postulado Ramón Rodríguez Chacín, señalado por los sobrevivientes de la Masacre de El Amparo de haber sido uno de los autores intelectuales del hecho.

La carta pública es una respuesta a las declaraciones de Reyes realizadas la noche del sábado 1º de diciembre en la edición nocturna del noticiero regional Telecentro: “Como producto de su política de enfrentar a fondo  a la delincuencia bajo su mandato, era posible que se hubiesen cometidos excesos policiales –sin embargo- no es el  gobernador el encargado de investigar estas denuncias porque eso corresponde a los organismos jurisdiccionales”. El Covicil, quien ha apoyado a casi 400 casos, rechaza en primer término que los patrones de violaciones al derecho a la vida que ocurrieron durante esos años hayan sido consecuencia de “excesos”. En segundo lugar, refutan la sugerencia de la disminución de la inseguridad ciudadana aludida por Reyes: “En el año 2000 a raíz de su llegada a la gobernación del estado  prometió  a los larenses convertir a la región en la más segura del país. Pero en 1999 la Tasa de Homicidios en el estado alcazaba el 11,4/100.000, ocho años después, cuando Ud. abandonó la gobernación, ese indicador había subido al 41,9/100.000, uno de los más altos de todo el país. De 173 homicidios que se cometieron en 1999 se llegaron a 725 en el 2008”.
Las declaraciones de Reyes Reyes son importantes porque por primera vez reconoce que hubo “excesos” policiales durante su gestión. Durante aquellos 8 años, a pesar de los reiterados llamados por parte de las víctimas de abuso policial, se había negado a comentar en público o privado acerca de la participación de los funcionarios bajo su cargo en delitos contra la dignidad humana. En el año 2008 su secretario de seguridad, general  Carlos Colmenares, declaró a los medios sobre estas denuncias: “Publiquen lo que ustedes quieran. El gobernador no tiene nada que decir sobre estos temas porque no son de su incumbencia. Además todos los muertos eran unos delincuentes y cayeron en enfrentamientos…. Ese tema no tiene la menor importancia para él ni para nosotros, ya que siempre se actuó apegado a la legalidad”. Las diferentes víctimas señalaban como el autor intelectual de las desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones y hostigamiento, entre otros delitos, al propio jefe de la policía regional, coronel Jesús Armando Rodríguez Figuera, designado personalmente por el mandatario regional.
“Cómo explica Ud. Comandante Reyes –se pregunta el Covicil- que bajo su mandato, prácticamente un solo funcionario de Polilara fue condenado por los tribunales del estado. Por otro lado, fue necesario que el caso de los hermanos Pérez Heredia fuese radicado para lograr – fuera los límites de Lara-  la condena a los cuatro poli asesinos que acabaron con la vida de estos dos jóvenes. Así mismo  fue necesario que usted ya estuviese fuera de la gobernación para que la fiscalía 21 del estado Lara acusara a más de 25 policías -todos incursos en homicidios cometidos  bajo su gestión- hoy condenados, por homicidio calificado, simulación de hecho punible y uso indebido de armas de fuego (…) –Sin embargo- ninguno paga condenas en las cárceles y siguen gozando de privilegios y prerrogativas”.
La denuncia del Covicil nos recuerda que a pesar que los delitos contra los derechos humanos no prescriben, las diferentes ordenanzas que rigen el sistema electoral no prohíben que ciudadanos acusados de graves violaciones a los derechos humanos se postulen a cargos de elección popular. La situación de Lara no sería la única. A la gobernación del estado Guárico se encuentra postulado Ramón Rodríguez Chacín, señalado por los sobrevivientes de la Masacre de El Amparo de haber sido uno de los autores intelectuales del hecho. Actualmente, y por el mismo estado, es diputado uno de los autores materiales confesos de la Masacre de Cantaura, Roger Cordero Lara.
(*) Coordinador del área de investigación de Provea
www.derechos.org.ve
investigacion@derechos.org.ve
@fanzinero


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GUILLERMO ROVIROSA

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